La injusta criminalización del propietario de fincas urbanas supone para nosotros un estímulo en el buen hacer profesional.

Efectivamente, hemos comprobado muchísimas veces cómo, en cualquier litigio entre propietario e inquilino, muchas personas, de forma espontánea e instintiva, se ponen a favor del arrendatario, por entender que es la parte débil y necesitada de mayor protección. La realidad, en muchas ocasiones, es completamente distinta.

Recordamos varios casos en los que la propiedad de una finca ha supuesto un auténtico problema. Por ejemplo, aquella señora de Cádiz que, siendo dueña de una finca de cuatro pisos, sólo obtenía unas rentas que sumaban poco más de 300,00 € EN TODO EL AÑO. Esta señora, pensionista y viuda, se veía continuamente exigida por sus inquilinos cada vez que, a juicio de éstos, era necesaria alguna obra o instalación en el inmueble. Incluso, uno de sus hijos llegó a recibir amenazas de agresión física. Las señora, más de una vez, tuvo que renunciar a cosas necesarias para cubrir necesidades de su finca (un año renunció forzosamente a comprarse un abrigo nuevo que realmente precisaba).

Y no es el único caso.

El campo de los arrendamientos urbanos es uno de los que muestran de forma clara cómo una obligación de la sociedad (posibilitar el ejercicio del derecho a la vivienda) es cargado sobre los hombros de personas e instituciones privadas.

En San Francisco Servicios Profesionales realizamos un estudio de la situación de cada finca cuya administración se nos confía, analizando las posibilidades de incremento de rentas, la precariedad de algunos arrendatarios, la procedencia de las subrogaciones solicitadas y todavía no consolidadas, la obligatoriedad de aceptar un traspaso, la justificación legal de algunas reclamaciones de los inquilinos, etc.  Esta labor es necesaria, además, para evitar la obsolescencia de las fincas, que se produce invariablemente cada vez que no son rentables. Mayor rentabilidad de una finca implica mayores posibilidades de conservación, habitabilidad y exorno de la misma.

Y todo ello, dentro de la Ley, con respeto a la Justicia y procurando conciliar intereses aparentemente diversos. Utilizando la técnica jurídica adecuada, el diálogo sincero y la experiencia de más de medio siglo de administración de fincas, conseguimos poner de acuerdo a personas enfrentadas durante años por un falso convencimiento de enemistad.

Esta es una más de las cosas que podemos ofrecerle como Administrador de fincas Cádiz.

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